Priorizar el abastecimiento urbano, diversificar fuentes, evitar la sobreexplotación de acuíferos e interconectar sistemas para reducir la vulnerabilidad.

Fomentar el uso de aguas tratadas en espacios públicos y servicios municipales, reduciendo la presión sobre los recursos potables y mejorando la sostenibilidad.

Invertir con carácter urgente en la modernización de redes urbanas, con prioridad en los municipios más pequeños, para eliminar pérdidas estructurales de agua.

Establecer estructuras tarifarias que reflejen los costes reales y premien el uso eficiente, garantizando la viabilidad económica de los servicios.

Dotar a los sistemas de herramientas de sensorización, control en tiempo real y plataformas de datos para una gestión ágil y predictiva.

Con ayudas directas condicionadas a planes de gestión y al diseño de estudios de costes y aplicación de estructuras tarifarias que aseguren la sostenibilidad del sistema.

Aplicar el Real Decreto 3/2023 mediante evaluaciones de riesgo, inspecciones y medidas correctoras ante usos ilegales o contaminantes.

Publicar de forma clara y accesible los datos sobre consumo, reservas y eficiencia para facilitar la transparencia y la corresponsabilidad social.

Integrado en el Observatorio del Agua, este espacio debe coordinar el seguimiento técnico, los indicadores de riesgo y las recomendaciones de gestión, garantizando una respuesta anticipada y basada en datos ante futuros episodios de escasez.