La Asociación
Objetivos de AEOPAS
Los objetivos de AEOPAS parten de cuatro principios: el agua como bien común y derecho humano, unos servicios públicos eficientes y transparentes, una gestión guiada por el interés general y la cooperación entre operadores públicos, dentro y fuera de España.
Principios
Los objetivos de AEOPAS en cuatro principios
Los objetivos de AEOPAS se articulan en torno a cuatro principios generales:
Principio 01
El agua como bien común
Derecho humano, patrimonio común y bien público de interés general.
Principio 02
Servicios públicos eficientes, transparentes y de calidad
Responsabilidad local, cooperación entre operadores y rendición de cuentas.
Principio 03
La gestión del agua como interés general
Visión a largo plazo, control democrático y tarifas con criterios de solidaridad.
Principio 04
Solidaridad y cooperación internacional
Acceso universal al agua y al saneamiento y alianzas entre operadores públicos.
Principio 01
El agua como bien común
Derecho humano, patrimonio común y bien público de interés general.
El agua es la fuente de la vida y es un derecho fundamental, inalienable, universal e imprescriptible. La conservación del buen estado ecológico de las aguas es una condición necesaria para garantizar la disponibilidad presente y futura de abastecimientos seguros y saludables. Los usos del agua asociados con el consumo, la alimentación y la higiene personal y doméstica tienen la consideración de derecho humano y son prioritarios frente a los usos productivos.
El agua es un bien común, lo que la configura como un patrimonio de la humanidad; debe ser gestionada responsablemente de forma que sea posible su disfrute actual y el de las generaciones futuras.
El agua es un bien público de interés general que no puede considerarse una mercancía sujeta a los intereses comerciales. La economía del agua —la propiedad inalienable de los recursos, la producción, la distribución, el saneamiento y la protección— pertenece al dominio público. El concepto de Dominio Público Hidráulico supone su reconocimiento y comporta la obligación de su protección y administración pública.
Debe estar organizada y ser gestionada por las administraciones públicas, que responden, en última instancia, ante los representantes democráticamente elegidos. La gestión de los recursos hídricos debe realizarse teniendo en cuenta la cuenca hidrográfica. La gestión pública municipal de los sistemas de agua urbana es la expresión de ese derecho cívico.
Principio 02
Por unos servicios públicos eficientes, transparentes y de calidad
Responsabilidad local, cooperación entre operadores y rendición de cuentas.
Las autoridades locales tienen la responsabilidad de organizar los servicios de abastecimiento y saneamiento, considerados servicios públicos de interés general, y de arbitrar medidas de soporte que contribuyan al mejor ejercicio de la responsabilidad local.
Los operadores públicos son instrumento de las administraciones para la gestión del agua.
La mejora permanente del funcionamiento de los servicios de agua debe apoyarse en un espíritu de cooperación, equilibrio territorial y solidaridad colectiva de los operadores públicos, intercambiando experiencias y capacidades.
La transparencia y la rendición de cuentas de la gestión de los operadores públicos es una exigencia inexcusable.
Los ciudadanos son los destinatarios del servicio y sus usuarios. A través de las instituciones locales son, además, sus propietarios.
El acceso a la información por parte de los sectores sociales interesados y la participación pública son dos principios que se deben priorizar en la gestión de los operadores públicos.
Así lo disponen la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que entró en vigor el 22 de diciembre de 2000, y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
Todo ello debe considerarse una base sobre la que los operadores han de trabajar activamente para avanzar hacia el denominado «Gobierno abierto».
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante su Resolución A/RES/64/292, el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. Ello debe traducirse en un abastecimiento de agua por persona suficiente y continuo para el uso personal y doméstico, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible.
Derecho humano al agua y al saneamiento
28 de julio de 2010
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (Resolución A/RES/64/292).
Principio 03
La gestión del agua como interés general
Visión a largo plazo, control democrático y tarifas con criterios de solidaridad.
El agua, como monopolio natural que constituye, debe estar gestionada desde lo público con una óptica eficaz, eficiente, sostenible y socialmente responsable, aprovechando los beneficios de las economías de escala. Dado lo trascendente de las decisiones en este ámbito, la gestión ha de abordarse con una visión de largo plazo, asumiendo el valor patrimonial del agua, compaginando los usos —industrial, agrícola y de abastecimiento, entre otros— y con un control y una supervisión democráticos en los que se cuente con participación ciudadana.
Los ingresos provenientes de las tarifas de agua deben estar identificados con la operación específica que les corresponde. La traslación de los costes financieros y ambientales asociados al suministro de agua para cubrir las necesidades derivadas del acceso universal, consecuencia de la asunción del derecho humano al agua y de un uso equitativo y sostenible del recurso, debe basarse en mecanismos de solidaridad social y de redistribución de cargas y en incentivos al uso eficiente y responsable.
Principio 04
Por la solidaridad y la cooperación internacional
Acceso universal al agua y al saneamiento y alianzas entre operadores públicos.
El acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento es una meta alcanzable si se cuenta con la determinación política de los gobiernos; en este sentido, es necesario favorecer una política global tendente a conseguir esta meta y asumir las responsabilidades que a cada uno le competen.
Los operadores públicos deben desempeñar un papel relevante en la consecución del acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento en el mundo, aportando y compartiendo su experiencia en la gestión del agua como un bien común y público.
La colaboración con operadores públicos de los países en desarrollo, donde se localizan los mayores déficits en el acceso al agua y al saneamiento, es una alternativa que debe potenciarse para garantizar la sostenibilidad futura de las acciones que se emprendan para conseguir la meta planteada.
La unión de los operadores públicos en redes de cooperación internacionales, con el objetivo de fortalecer su representación ante las instituciones europeas y los organismos internacionales, debe consolidarse y potenciarse, además, con la formación de partenariados público-públicos en I+D+i, accediendo a ayudas específicas para ello.
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Las entidades socias de AEOPAS tienen una cuota gradual por tramos, basada en el número de habitantes a los que presta servicio cada entidad adherida.
De esta forma se consigue una aportación proporcional a la Asociación, que permite prestar un servicio eficiente al conjunto de las entidades asociadas con independencia de la cuantía aportada por cada una.
| N.º de habitantes | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 2.000 | 660 € |
| De 2.001 a 10.000 | 990 € |
| De 10.001 a 30.000 | 2.750 € |
| De 30.001 a 100.000 | 4.235 € |
| De 100.001 a 200.000 | 5.445 € |
| Más de 200.000 | 8.349 € |
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