Laboratorio del agua

Una iniciativa de AEOPAS como instrumento de difusión, participación y estudio entorno al sector del Ciclo Integral del Agua.

Aeopas promueve la participación, concienciación y mejora del conocimiento en torno al Ciclo de Gestión del Agua con la iniciativa #laboratoriodelagua

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Estudio I+D+i

Contribuimos a la economía del conocimiento, realizando estudios y documentos como base para asesorar a las entidades gestoras.

Cooperación

Las sinergias son fundamentales para la mejora continua, estableciendo colaboraciones y experiencias con la filosofía de a problemas complejos soluciones simples.

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Participación

Fomentamos la participación mediante la celebración de actos, jornadas y encuentros sectoriales en torno al sector del agua.

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Asesoramiento

Contamos con personal experto con dilatada experiencia en amplios aspectos de la gestión del Ciclo Integral del Agua.

Estudio de tarificación y Benchmarking

Primera iniciativa del #laboratorio del agua para la apertura del debate en torno

Tarificación y benchmarking

 

Experiencias de tarificación del agua en el ámbito urbano: Ciudades estatales y principales áreas urbanas (Sevilla, Valencia Barcelona, Bilbao y Madrid).

El ciclo integral del agua en el ámbito urbano, incluye servicios básicos e imprescindibles para todos los ciudadanos como son el abastecimiento -aducción, captación, potabilización y conducción en alta-, el saneamiento -alcantarillado y depuración- y, eventualmente, la reutilización. Las competencias de estos servicios, de acuerdo con la normativa vigente -la Ley reguladora de bases de régimen local-, son municipales.

La gestión del ciclo urbano del agua se lleva a cabo mediante la disposición de normativa de carácter europeo, autonómico y local. Esta reglamentación está constituida por normas basadas en ordenanzas, reglamentos y leyes, que determina todos los aspectos de gestión que engloban al servicio, así como las tasas fiscales de prestación para cada uno de los servicios del ciclo.

La prestación del servicio conlleva unos condicionantes técnicos y de gestión que implica una serie de gastos e inversiones, que son repercutidos mediante la imposición de determinados costes a los abonados del mismo.
El sistema tarifario difiere de una entidad a otra en función del nivel de servicio de cada una, con un sistema de operación diferente de una región a otra, así como por las medidas sociales, bonificaciones, flexibilidad de pago o instrumentos de participación, que cada entidad dispone para los usuarios del servicio.
Por otro lado, se realiza un análisis de benchmarking de entidades gestoras del CIA de ciudades con similitudes en su población abastecida y en determinadas características técnicas, de gestión, participación o tarificación; a tal efecto, se han caracterizado una serie de indicadores ponderados por expertos en la materia.

Objetivos del proyecto.

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar los sistemas de tarificación y los aspectos definitorios de la gestión en diferentes territorios, de forma que, a partir de este conocimiento, sea posible abordar un análisis de benchmarking sobre las entidades prestadoras de los servicios del CIA. Además, se tienen en cuenta otro tipo de peculiaridades que determinen la relación con el usuario, así como las diferentes actividades destinadas a personas en riesgo de exclusión, a hacer posible la participación u otras destinadas a fomentar el ahorro, como son, entre otras, las campañas de concienciación, formación y sensibilización.

Otro de los objetivos del proyecto es establecer las bases para determinar un conjunto de indicadores que permitan la efectiva comparación entre las entidades estudiadas, no solo a escala nacional, sino también a la escala europea. La concreción de estos indicadores, con las dificultades que ello conlleva, ha sido el resultado un proceso de participación activa entre muchos de los actores que se reflejan en el estudio, que cubren los ámbitos nacional e internacional.

Como ciudad de referencia se toma a la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, y a EMASESA, que es la empresa gestora del CIA en la ciudad. De esta empresa se estudia su sistema tarifario, bonificaciones y relación con el abonado. En una fase posterior se tienen en cuenta experiencias similares en otros puntos de la geografía para valorar las tendencias de tarificación y gobernanza en torno al CIA, de forma que el resultado final del presente estudio es un benchmarking.

Metodología y fuentes.

Este estudio se estructura en dos apartados diferenciados relativos, respectivamente, a analizar diferentes experiencias de tarificación y a un benchmarking de empresas gestoras del CIA; para cada caso se han aplicado metodologías diferentes y consultadas fuentes de información específicas.

Las escalas de análisis de las entidades gestoras seleccionadas del presente estudio son:

• Andalucía (anteriormente puesta a exposición pública): Se estudia los sistemas tarifarios a nivel de capitales de provincia, a nivel supramunicipal en la provincia de Sevilla y a un nivel supramunicipal que se corresponde con los municipios con un sistema tarifario habitante hogar dentro de la comunidad autónoma.

• España: Se estudian experiencias de tarificación de las ciudades más importantes.

• Áreas Urbanas: Se analizan áreas que aglutinan a mucha población en torno a un territorio determinado, estudiando especialmente el caso de aquellas entidades gestoras del CIA, que abastecen a más de un municipio.

El borrador que a continuación os exponemos para crítica y/o aportaciones se centra en lo que hemos denominado Ciudades estatales y principales 
áreas urbanas (Sevilla, Valencia Barcelona, Bilbao y Madrid). Esperemos que esta exposición pública enriquezca la dificultad para afrontar este tipo de trabajo y contribuya a mejorar el conocimiento que tenemos sobre el ciclo integral del agua en el ámbito urbano.

Conclusiones

De los aspectos estudiados y analizados del estudio de las entidades gestoras de la escala Andaluza, se contemplan las siguientes conclusiones.

 

  1. Falta de información

La falta de información es notable en gran parte de las entidades gestoras estudiadas. En muchos de los casos la única información disponible es la que se publica en la web institucional. En gestión indirecta las páginas se remiten a plantillas de la página web del grupo empresarial en las que solo se publica una somera introducción del CIA y las ordenanzas del servicio.

Por otro lado, la mayor parte de la información extraída proviene de las memorias anuales o planes estratégicos de la entidad, que solo los publican aquellas entidades con gestión públicas.

En cuanto a la consulta de bases de datos de los costes efectivos de las entidades, no se detecta una homogeneidad y precisión, que permita la utilización de estos datos para llegar a conclusiones definitivas.

Este hecho está resaltado en un informe del Defensor del pueblo de hace 13 años, en el que se constata la falta de información y transparencia en torno a la gestión del CIA en Andalucía, hecho que no ha mejorado con el paso del tiempo.

En el caso de las entidades de gestión directa, se puede observar el esfuerzo que están haciendo para proporcionar más información, y de calidad, a la ciudadanía. Se dispone del ejemplo de la entidad gestora de Cádiz, con la implementación de una Plan Estratégico de la Entidad, bajo una modalidad participativa con grupos de interés, o el Observatorio del Agua recientemente implementado por EMASESA, con el diseño y debate en diferentes mesas sectoriales sobre diversos temas del agua.

 

  1. Sistema de tarificación

La estructura tarifaria mayoritario entre las entidades consideradas es la binomial. Tan solo en las ciudades de Sevilla y Málaga se contempla la tarificación per cápita (habitante/hogar), que tiene el problema de la necesidad de la individualización de contadores para que sea justo y equitativo; en este aspecto, ambas entidades llevan bastante tiempo trabajando en reducir el número de contadores comunitarios, subvencionando los costes de la individualización. En el caso de Emasesa, no es preciso este sistema para garantizar los objetivos del sistema tarifario, al proceder al reparto equitativo del consumo de un determinado edificio.

Estos sistemas tarifarios se corresponden con los principios básicos de la Directiva Marco de Agua, de forma que se promueve la racionalización y el ahorro del recurso hídrico, penalizando más a aquellos usuarios con unos consumos mayores. Así mismo, en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía se estipula que la fracción fija del importe repercutido no puede superar el 30 % del total, esta condición se aplica en todas las entidades de estudio.

 

  1. Bonificaciones

Todas las entidades gestoras estudiadas disponen de algún tipo de bonificación en la tarifa, bien sea por su estructura familiar (familias numerosas, consumos reducidos…) o por las condiciones económicas (miembros en paro, pensionistas…). La medida más importante, en cuanto a las bonificaciones se refiere, es el Suministro Mínimo Vital, medida por la cual no se priva del derecho al agua a ninguna persona por cuestiones económicas. Esta medida la tienen implantadas Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, además de Ghiasa.

No se dispone de datos relativos a otras ayudas derivadas de la Delegación de Asuntos Sociales de cada una de las ciudades, así mismo tampoco se tiene información relativa al número de cortes de agua o volumen de impagados.

 

Si se contempla en el estudio el esfuerzo económico que deben realizar las personas para hacer frente al pago de la factura, además se calcula este esfuerzo para aquellas personas con bajos ingresos, mediante la utilización del indicador RMI (renta mínima de inserción).

 

  1. Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es limitada; la información que las entidades gestoras remiten comprende lo expuesto en las webs institucionales de las entidades, o bien en las memorias, que en muchos casos no se actualizan por lo que, para conocer la actividad y características de la empresa se debe acudir a las memorias de gestión, con términos técnicos que no facilitan realmente el acceso a la información relevante.

Aunque las entidades públicas cumplen con la ley de transparencia, la información suministrada es de carácter técnico y limitada. Por su parte, las entidades con una gestión de tipo indirecta son las que menor grado de transparencia aportan.

 

  1. Participación

Existen varias entidades con gestión directa donde existe una participación activa y efectiva, como las que incluyen representantes de la ciudadanía en los órganos de gobierno de las entidades.

La participación ciudadana se debe comprender como un aspecto básico del derecho humano al agua, propiciando herramientas e instrumentos a los ciudadanos en torno a la toma de decisiones y del conocimiento de aspectos de gestión de la misma.

En aquellas entidades que disponen de planes estratégicos, se observa la participación de grupos de interés, como representación de la sociedad y que suele ser limitado a unos pocos aspectos de gestión en planes muy determinados.

En las entidades bajo gestión directa, la participación es más amplia, representativa y efectiva este es el caso de EMASESA, con el observatorio del agua, Cádiz a través del Plan estratégico de la entidad o de Córdoba al canalizar las aportaciones a través de los consejos vecinales, y que integra con voz y voto a representantes de los ciudadanos en los órganos de control de la entidad gestora. Málaga, presenta la participación en torno a la imposición de tasas y el dialogo en cuanto a la modificación de las mismas.

La participación ciudadana en el CIA es nula en aquellas entidades con una gestión de tipo indirecta, por ejemplo, se puede mencionar los casos de Almería y Jaén.

 

  1. ¿Estudio de tarifas o estudios de costes?

Durante la fase participativa de redacción de este estudio se ha concretado que es manifiesta la necesidad de realizar un estudio de costes en vez de tarifas, de forma que se puede estipular la procedencia de los precios que se repercuten a los ciudadanos, en base a los costes de las entidades gestoras.

Este aspecto se ha intentado realizar mediante el estudio y análisis de las memorias de cuentas anuales, pero la complejidad y la subjetividad de algunos parámetros ha imposibilitado esta labor. Cada territorio es diferente, así como lo son los condicionantes de prestación del servicio, sin obviar el nivel y calidad de los servicios prestados. Por lo que, a priori, parece que no se puede indicar que el precio de la factura del agua es más elevado en una ciudad que otra, si no se dispone de información relativa a la estructura de costes o nivel de prestación de los servicios.

En este sentido, uno de los debates de las sesiones que se mantuvieron durante la redacción del estudio fue la necesidad de establecer una cuantía de la tarifa en función de los recursos económicos del usuario, en este sentido se pueden mencionar las experiencias de Córdoba y Jaén, con la implementación de una cuota fija que fluctúa en función del callejero fiscal de la ciudad imponiendo una cuota fija más elevada a aquellos usuarios que viven en las zonas más económicamente favorecidas.

 

  1. Los precios del agua

Los precios del agua son dispares de unas entidades a otras, en ningún caso alcanzan el límite del 3 % de la renta media establecida por la Declaración de las Naciones Unidas sobre derecho humano al agua. Incluso pueden considerarse bajos en comparación con otros suministros como por ejemplo los gastos derivados del suministro de energía eléctrica. En el caso de Jaén existe un canon de mejora local con un importe alto, que desvirtúa el cálculo de los precios del agua para esta ciudad, en un primer momento, al tratarse de un porcentaje considerable del importe del precio en esta ciudad, que no puede estar encaminado a sufragar los gastos de gestión del Ciclo de Abastecimiento Urbano, sino que debe ser finalista y encaminado a la mejora de proyectos de obras civiles, …

 

  1. Necesidades detectadas (propuesta de actuaciones)

Del estudio se desprenden la necesidad de regulación de los siguientes aspectos:

  • Rendición de cuentas: Portal gubernamental con poca utilidad. Solo ofrece datos técnicos contables. Es necesaria una filosofía orientada y ajustada a una necesidad real de ofrecer mejores conocimientos del sector a los ciudadanos. Derecho Básico de acceso a la información, en formato accesible e interoperable.
  • Portal de información común para el sector del agua: modelo a seguir del portal REDIAM, como normalización y homogenización de datos y cobertura de toda la información medio ambiental de la comunidad autónoma. Poca información relativa al sector del CIA, a pesar de su íntima relación con el aspecto medio ambiental. Dificultad para conocer datos básicos como número de abonados, cobertura de la red.

Las memorias de gestión no presentan una estructura homogénea y en algunos casos no se actualizan con periodicidad.

  • Homogenización de precios/bloques: para realizar estudios comparativos fieles a la realidad, necesidad de conocer los informes justificativos que regulan las tasas: Por qué de los precios. Además, es importante conocer los condicionantes de prestación de los servicios, sobre todo derivados de la disponibilidad del recurso o el nivel de prestación de los servicios.
  • Necesidad de un sistema de bonificaciones ajustado a las necesidades reales de la sociedad local, encaminado a garantizar un suministro mínimo vital a cada usuario que no pueda hacer frente al pago.
  • Transparencia efectiva orientada al conocimiento, otorgando formación al usuario y dotando de herramientas e instrumentos a la ciudadanía.
  • Empoderamiento de la sociedad civil en la toma de decisiones, disponiendo de observatorios que canalicen las iniciativas ciudadanas. El Observatorio del agua de Emasesa u otras experiencias de participación señaladas son un buen referente.
  • Participación ciudadana como pilar fundamental de la gestión del agua. Facilitando, canalizando y dotando de herramientas a aquellas personas que deseen participar en aspectos claves de la gestión del agua.
  • Necesidad de un regulador de empresas de abastecimiento y saneamiento, que propicie la fiscalización y seguimiento de los servicios de agua, estableciendo las normas de gestión en cuanto a derechos y deberes de la ciudadanía, así como de las empresas gestoras.

De forma reducida y a modo de conclusión final, en este diagrama se pueden observar los diferentes conceptos propuestos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone una participación ciudadana activa y orgánica, la disposición de información sobre la gestión en formato interoperable y homogeneidad, como medida de transparencia y rendición de cuentas, que permita conocer y comprender las tarifas/tasas, entre otros aspectos, de un servicio, consecuentemente interponer un sistema de bonificaciones adaptado a las necesidades locales, toda los aspectos de gestión deben ser participados y plasmados en un Plan Estratégico de la entidad, y para velar de todos estos aspectos se observa la necesidad de un Regulador del sector que persiga estos objetivos tanta para la modalidad de gestión directa como para la gestión indirecta. Surgiendo la necesidad de desarrollar el Observatorio del Agua de Andalucía que actué como regulador del sector.

 

 

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