La sociedad civil y AEOPAS entregan al Consejero sus propuestas para el Reglamento de Andalucía.
La sociedad civil y los operadores públicos agrupados en AEOPAS entregan al Consejero de Medio Ambiente sus propuestas para elaborar el Reglamento del Ciclo de Agua de Andalucía La Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha organizado un proceso participativo sobre su propuesta de ‘Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano’, que se ha desarrollado a lo largo de los meses de junio a septiembre de 2018. Las entidades participantes en este proceso han elaborado un documento con sus conclusiones, que han entregado a José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, en el transcurso de una reunión en la que han estado también presentes la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pilar Navarro, e Inmaculada Cuenca, Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua.
En la sede sevillana de la Fundación Savia, las entidades firmantes, entre las que se encuentra también AEOPAS -Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento-, FACUA, Comisiones Obreras, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, y Ecovalia, han hecho balance de su actividad participativa y la han plasmado en un documento que recoge su compromiso para desarrollar diez puntos rectores en la redacción del futuro reglamento autonómico sobre uso urbano del agua. Jaime Morell, Secretario General de Aeopas, destacó no se trata de demonizar el papel de la empresa privada en nuestra economía y sociedad. Pero sí hay que reconocer que está ocupando en este asunto, y sin control, un espacio público”.
A este respecto, según ha manifestado Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, “hay que entender que el agua es un bien esencial, imprescindible e insustituible, que, además, se gestiona en régimen de monopolio físico, que es un derecho humano y que la responsabilidad inalienable de la prestación del servicio recae en la administración”. Durante los últimos años hemos venido constatando las limitaciones que presenta el modelo andaluz sobre la gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios andaluces que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas competencias en empresas privadas.
Este proceso se ha producido en una situación de carencia de información que hace muy difícil valorar hasta qué punto las nuevas situaciones responden a la supuesta mejora de la gestión. O lo que es lo mismo, al falso mito de que un sistema privatizado es más eficiente. Además, en todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua aparecen cánones concesionales millonarios que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa sin reflejarse específicamente. La carencia de indicadores estandarizados de gestión sobre la calidad de la prestación de los servicios ha dado como resultado una infinidad de sistemas de imposible comparación. Por ejemplo, ya a finales de 2009, el anterior Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, destacó la imposibilidad de comparar el precio del agua en Andalucía (como en el resto de España) e instó a la determinación de unos criterios comunes sobre el procedimiento que debieran utilizar todas las entidades suministradoras para fijar sus tarifas.
Entre las conclusiones de todos los debates sobre el agua siempre se destaca que pagamos poco por este recurso limitado. Pero conviene subrayar que el aumento tarifario sólo tiene sentido si se destina a mejorar el servicio y no a otros fines desconocidos por los usuarios y entre los que, en los casos de privatizaciones, siempre está la financiación del canon concesional. Y claro está que la empresa privada repercute dicho canon en la tarifa a la ciudadanía, además del beneficio empresarial intrínseco a este modelo de gestión.
Por ello es urgente crear un marco regulador autonómico que controle «su salud», supervise los concursos de privatización y vigile la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados. Desde las asociaciones firmantes estamos convencidos de que Reglamento de Suministro Domiciliario que impulsara una política tarifaria regulada transparente y participativa favorecería la gestión de nuestros servicios, paralizaría los procesos de privatización y minimizaría los conflictos sociales, ambientales y territoriales existentes. Las entidades firmantes asumen el compromiso de desarrollar los siguientes diez puntos rectores en la redacción del futuro.
- El agua debe de estar excluida del campo de la gestión orientada a la obtención de lucro, lo que demanda una gestión pública de la misma. Para los casos en que las administraciones presten el servicio indirectamente el Reglamento debe garantizar que las entidades instrumentales no modifiquen las competencias y responsabilidades de la Administración Local, que debe seguir asegurando los derechos y deberes de la ciudadanía.
- Necesitamos una nueva gestión pública diferente al actual. Un nuevo modelo de gestión pública como viene explicado en el Pacto Social por el Agua aprobado por decenas de ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos de toda España, entre ellos el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016). Un nuevo modelo definido también por la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano al agua y la gestión pública del agua, aprobada en esta ciudad el 12 de noviembre de 2017.
- El nuevo Reglamento andaluz de ciclo urbano del agua debe basarse también con claridad en el reconocimiento de la importancia de los modelos de producción sostenibles, y en particular el modelo de producción agrícola y ganadero ecológico, como sistema que contribuye a la salud de los ecosistemas acuáticos de los que dependen los abastecimientos de agua. Debe basarse también en los principios del mejor conocimiento científico y tecnología disponible y de economía circular (reutilización, aguas grises, drenaje sostenible, y todas las actuaciones que reducen el impacto ambiental de los servicios). Estos enfoques son perfectamente abordable a través de la colaboración público-público, por medio de la cual las empresas y administraciones con mayor capacidad y experiencia colaboran con las de menor escala y mayores necesidades de apoyo.
- Respecto de los precios del agua, se coincide en que una de las principales dificultades para la elaboración de las tarifas es la falta de datos objetivos, fiables y contrastados sobre los costes del servicio de agua, con la consecuencia de desconfianza sobre los balances que justifican las actualizaciones tarifarias. Se comparte la idea de la importancia de procesos transparentes y participados de manera activa en la rendición de cuentas que permitan la identificación de los costes objeto de recuperación.
- El Reglamento debe establecer indicadores de gestión que permitan conocer la realidad de los servicios municipales de agua, homogeneizar las metodologías de cálculo, comparar e interpretar los distintos análisis de costes y justificar adecuadamente los expedientes tarifarios.
- Se deben identificar en factura los costes de los distintos componentes y fases del servicio, incorporando los costes ambientales y excluyendo aquellos costes que no pueden atribuirse a la gestión, mantenimiento o ampliación de los sistemas. En este sentido, la necesidad de supresión del canon concesional es urgente, ya que éste subvierte el principio de autosuficiencia, recuperación de costes y equilibrio financiero de los sistemas del ciclo urbano del agua. El canon supone que se destrocen o debiliten los sistemas supramunicipales y constituye también una puerta a la corrupción.
- El primer bloque, de precio asequible, ha de coincidir con la dotación reconocida al mínimo vital, que se establece en 100 litros/persona/día. En situaciones de vulnerabilidad socio-económica, bien contrastada, se garantiza ese mínimo vital, soportado por la recaudación de la empresa hasta el 2% de los ingresos tarifarios.
- Se deben incorporar también las dimensiones socio-laborales: cantidades correspondientes a fondo social y garantías de protección de los trabajadores y trabajadoras en caso de cambios en empresas prestatarias. Para garantizar un servicio de calidad, es necesario asegurar que la cantidad y calidad del empleo en las prestatarias del servicio sean las apropiadas. Asimismo, la formación permanente del personal vinculado a la prestación en cualquier fase del ciclo integral del uso urbano del agua, es cuestión fundamental.
- Las tarifas nunca son un precio privado como algunos agentes pretenden. La implantación o modificación de las tarifas siempre debe de pasar por los plenos municipales con informes favorables de la intervención y deben ser aprobadas definitivamente por los mismos.
- Es necesario asumir la doble realidad en relación a la capacidad de recuperación de costes: grandes aglomeraciones con sistemas infraestructurales maduros frente al mundo rural que no puede hacer frente con criterios de recuperación de costes a las inversiones que tiene que afrontar. Un problema, agravado por la incertidumbre introducida por el cambio climático. En este sentido es imprescindible un impuesto solidario parecido (o modificando) al actual canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de Andalucía, establecido por la Ley de Agua de Andalucía (2010). Resumen: Los firmantes presentamos estos puntos rectores con la intención de que, tras el proceso electoral, se pueda llegar a un desarrollo inmediato del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía. El documento también pretende hacer llegar a los partidos políticos los aspectos fundamentales que, según los firmantes, entendemos que son prioritarios para una mejora de la gestión del agua en Andalucía, que atienda y responda a las demandas de la sociedad. Para los firmantes, el Reglamento debe contribuir a reforzar un nuevo modelo de gestión público, eficaz, trasparente y sostenible. No se trata sólo de conseguir modelos más sostenibles sino también de construir ciudades más democráticas.
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