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“Que el agua no sea potable es motivo suficiente para caducar la concesión”

Jaime Morell, en una conferencia en el I Foro Andaluz del Agua

 

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Jaime Morell Sastre es secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), profesor asociado en Ingeniería del Terreno en la Universidad de Sevilla y jefe de servicio en el área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad en la Diputación sevillana. Con anterioridad fue director-gerente del Consorcio de Aguas del Huesna y después ocupó el mismo puesto en el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla. Desde Aeopas ponen al servicio de instituciones y empresas públicas su experiencia en la gestión del ciclo hídrico y asesoran respecto a la remunicipalización. El episodio que dejó sin agua apta para el consumo a la población de la ría de Ferrol durante tres días ha reavivado el debate sobre la recuperación de este servicio e incluso sobre la necesidad de mancomunarlo. Morell es un firme defensor de la gestión pública al 100% y de que no se considere el agua como un bien con el que hacer negocio.

Hay en España una tendencia a recuperar la gestión pública del agua?

Sí. La gestión del agua ha pasado de ser algo oscuro, que se hacía en los despachos con privatizaciones cuyo único objetivo era financiar a los ayuntamientos que optaban por el modelo concesional, a formar parte de la agenda política de los responsables municipales y de los partidos, que incluyen ya en sus programas qué van a hacer con el agua de sus ciudadanos. Eso forma parte de la agenda política porque ha habido movimientos sociales, mareas y plataformas de todo tipo que están demandando transparencia y que se gestione lo público, ya que el agua es un derecho, desde las instituciones públicas. Esto hace que haya mucho debate respecto a las privatizaciones, al modelo concesional privado que existe, que genera muchísimos problemas, mucha incertidumbre y mucha desinformación. La tendencia es clara a la remunicipalización pero porque hay un debate en la calle. En toda Europa esto ya es un hecho, vamos nosotros por detrás varios años, como siempre.

Si ahora se recurre al “rescate” de ese servicio es porque hace años se hizo lo contrario. ¿Por qué?

El asunto fue muy claro. Primero, no había una percepción social de que se estaba gestionando un derecho. El agua parecía que era algo con lo que se podía incluso comerciar, y eso fue el motivo de que grandes corporaciones mercantilizaran ese derecho. Es un derecho además de obligada prestación y se gestiona en régimen de monopolio natural; cuando lo conviertes en un negocio, es un gran negocio. Pensemos que la tarifa la imponen las empresas, aprobadas en los plenos, pero se aprueba la tarifa que se quiere y se le cobra a todo el mundo, y al que no paga se le corta el agua. Como es una necesidad hay un impago pequeñísimo, por tanto es un negocio muy, muy seguro. ¿Qué ocurrió? Que los ayuntamientos pequeños entendían que el agua era un problema porque hay que gestionar con responsabilidad, hay unos criterios de calidad y otros muchos de eficiencia en la gestión. Aparecieron de pronto los salvadores: “Nosotros lo arreglamos, lo público es corrupto e ineficiente y aquí llega el que lo va a hacer bien”. Y al ayuntamiento además se le ofrecía un canon concesional, y ahí es donde está la verdadera trampa de todo esto. El canon concesional es un dinero que se da por anticipado por privatizar pero que no se utiliza en estructuras hidráulicas. Se utiliza en pagar personal, polideportivos, arreglar calles o en lo que se quiera, pero no en infraestructuras hidráulicas. Ese dinero se devuelve durante treinta o veinte años y se paga en la tarifa. No es más que una póliza de crédito avalada por la tarifa de los ciudadanos. La única razón que hay para privatizar, porque jamás se ha hablado de indicadores de gestión, de si se hace bien o se hace mal, es financiar a los ayuntamientos. Esto, sobre lo que solo hablábamos los especialistas y los que teníamos responsabilidades en la gestión, empiezan de pronto a preguntárselo los ciudadanos. Esto se ha acabado porque además hay muchos casos de corrupción unidos a este modelo concesional.

¿La remunicipalización no resulta muy cara y difícil?

No, de eso nada. Es tan difícil como cualquier otro procedimiento. La concesión no es más que un contrato, y el contrato hay que cumplirlo, y si se incumple hay métodos para sancionar y para caducar la concesión. Y que el agua no sea potable, como ha ocurrido en Ferrol, es motivo suficiente para caducar la concesión porque el objetivo prioritario es el dotar de agua potable a la población con garantías, y si eso no se ha producido hay motivos de sobra. Efectivamente los procedimientos administrativos son complicados, porque hay que hacerlos bien, pero se hacen. Tenemos experiencia en Aeopas y yo personalmente he dirigido procesos de remunicipalización donde siempre que nos ponemos a exigir el cumplimiento del contrato y hay una decisión política de caducar la concesión, se llega a un acuerdo con el concesionario y se va. Ha ocurrido en otros casos, por ejemplo en Sevilla en el Consorcio de Aguas del Huesna, que abastece a 300.000 habitantes, se llegó a un acuerdo con Urbaser y salieron de la concesión y hoy por hoy es cien por cien pública. ¿Es imposible? No. Hay que trabajar con seriedad y al final se llega a acuerdos cuando hay una decisión política clara. O sea, que si hay una decisión de remunicipalizar en Ferrol, se puede hacer. Ahora mismo en España hay muchos casos y lo primero que hay que estudiar es si el contrato de concesión desde el primer día hasta hoy se ha cumplido correctamente. Si se ha cumplido todo tendrán derecho a un lucro, y si no se ha cumplido todo pues tendrán derecho a mucho menos lucro o incluso a ninguno.En estos procesos de revisión de contratos.

¿Qué incumplimientos detectan?

Básicamente tres tipos. El primero, que hay una falta de mantenimiento de las infraestructuras muy notable y eso implica un deterioro progresivo. Cuando se le entrega la concesión a una empresa privada se obliga, y así está en los pliegos, a que la red esté siempre en perfecto estado. Eso implica gastos de mantenimiento y por tanto gastos en la explotación. Ahí siempre detectamos que hay un ahorro importante por parte del concesionario y además, implícitamente, un deterioro de las infraestructuras. Pensemos que lo que no se mantiene hay que repararlo, y que lo que no se repara hay que sustituirlo. Otro incumplimiento importante tiene que ver con el equilibrio económico-financiero de la concesión, que es el artículo que siempre se esgrime para subir las tarifas. El reglamento que rige esto permite que si hay causas sobrevenidas que no se pudieron contemplar en la oferta pues que se pueda equilibrar. Cuando se analizan las cuentas siempre encontramos que las grandes multinacionales se subcontratan todos los servicios que pueden a su propio grupo, y ahí hay un sobrecosto siempre o casi siempre, porque no hay concurrencia. Una empresa pública tiene obligación, cuando licita cualquier servicio, de darle publicidad y de que haya concurrencia entre los proveedores, desde un bolígrafo hasta un software de gestión. ¿Qué va a hacer una empresa privada? Comprarle el software de gestión a una empresa del grupo. ¿Y cuánto vale eso? ¡Ah! Ahí no hay concurrencia, al precio que me den. ¿Quién me va a hacer las analíticas, que es el caso de Ferrol? Pues el propio laboratorio. ¿Y cuánto me cobra por eso? ¿Me cobra al precio de mercado o me cobra un 30% más?

Quiere decir que el hecho de que Emafesa mande a analizar las muestras a un laboratorio que pertenezca al mismo grupo que Urbaser, ¿es un incumplimiento?

No es que sea una causa de incumplimiento por sí solo. Lo que digo es que los concesionarios privados, como siempre son multinacionales, lo que hacen es subcontratar los servicios a empresas del grupo, y a veces esos precios están por encima del mercado. A lo mejor es mucho más barato y más rápido poder llevar la muestra a Santiago que no mandarla a Valladolid, ¿por qué lo hacen? Pues porque es un laboratorio del grupo. Si luego tarda seis días en dar el resultado... No prejuzgo nada pero la información a lo mejor no fluye con la agilidad suficiente porque son juez y parte. No hay un ente independiente que regule eso, aunque debería existir. Uno de los problemas graves es que como no hay control, no hay indicadores ni regulación, pues nadie sabe si se hace bien o mal.¿Cuál es el tercer incumplimiento más habitual?El tercer caso que encontramos cuando hacemos una revisión de los contratos de concesión es que los medios muchas veces se utilizan fuera del ámbito del territorio para el que se tiene ese contrato. Es decir, que se soportan gastos para otros municipios que pueden estar en otros sitios de España. Eso lo encontramos con asiduidad. De alguna manera se están inflando los costes de personal porque la tarifa solo tiene que soportar y equilibrar los costes de explotación del servicio en el territorio en el que es objeto de concesión, no en ninguno más.

Reclama transparencia y participación, una demanda que se ha hecho en Ferrol por parte de un sector opositor al actual modelo de saneamiento.Es que la legitimidad de la gestión de un servicio público, que es gestionar derechos individuales y colectivos, es que haya transparencia y participación.

No hay que tener ningún miedo a contar las cosas y a que se fomente la participación activa. De hecho es un mandato de las directivas europeas. Cuando se esconde información normalmente hay una justificación detrás, una oscuridad pretendida. Y eso no se debe hacer. Conozco bien los casos de los tanques de tormentas de Ferrol y en su momento tuve la ocasión de poder estudiar algunos informes que justificaban que iban a mejorar la calidad de las aguas y eso no es cierto. Los tanques de tormentas solo se utilizan para laminar avenidas, en ningún caso depuran las aguas residuales. Al revés, puede ser que incluso haya una concentración. Y esos debates hay que preguntarse por qué no se dan cuando son absolutamente necesarios. No hay legitimidad en la gestión del servicio de aguas si no hay transparencia, si no hay participación y si no hay rendición de cuentas. Uno de los temas que llevan prácticamente todos los partidos que defienden este modelo de gestión a las próximas elecciones es la necesidad de regulación en este sector. Somos el único país de Europa en el que no existe, cada uno hace lo que cree conveniente. Y eso genera una oscuridad y una indefinición sobre cómo hay que hacer las cosas que cuando se gestiona en monopolio tiene mucho peligro. Los ciudadanos tienen derecho a saber porque al final pagan su tarifa. Cuando esto se haga así todo irá mucho mejor, y tenemos ejemplos en Europa muy clarificadores de que este es el modelo a seguir.

Puede acceder a la noticia desde fuente origina aquí.

Para descargar la entrevista en  PDF, pinche aquí.

Analíticas a mil kilómetros en laboratorios «de confianza»

Iproma y Socamex son entidades colaboradoras del Ministerio de Agricultura

Fuente: ferrol / La Voz de Galicia, 21 de julio de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

 

 


 

 

La «acreditación» y «homologación» de los laboratorios es la razón por la que el agua de la depuradora de la que se abastecen los 150.000 habitantes de Ferrol, Narón, Fene, Ares y Mugardos se analiza a mil y quinientos kilómetros de distancia, en Castellón y Valladolid, respectivamente. Se trata de los laboratorios Iproma, en el primero de los casos, y Socamex, que mantiene un convenio de colaboración con el mejor centro de analíticas de Alemania. Socamex es, además, una filial de la empresa Urbaser, a la que pertenece el 49% de la sociedad mixta Emafesa, responsable de la gestión del agua en Ferrol, mientras que el Concello ostenta el 51% restante.

El argumento esgrimido por el gerente de Emafesa, Alejandro Pisa, a lo largo de la pasada crisis del agua -en materia de suministro concluyó el pasado domingo con el levantamiento de la restricción en Ferrol, pero en cuanto a responsabilidades el debate continúa abierto -para justificar que las analíticas se hagan tan lejos es que se trata de una razón de «confianza» en los laboratorios.

La empresa de aguas de Ferrol cuenta con el suyo propio para los controles habituales de cloro, PH y metales, pero los más complejos, los que se hacen a través de muestreos de cromatología de gases, como es el caso de los trihalometanos, se derivan a los laboratorios de Castellón y Valladolid.

 

 

Alejandro Pisa asegura que se ha optado por estos laboratorios por la garantía que ofrece el hecho de que los dos, que, según dijo, están situados entre los cinco mejores de España, cuenten con la acreditación de la ENAC y con la declaración de entidad colaboradora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Las muestras, que se envían en envases diferentes y a las que se añaden determinados productos en función de los parámetros que haya que determinar, se meten en una nevera con hielo y se remiten al laboratorio de destino por mensajería especial.

La complejidad de las analíticas es la responsable de que los resultados tarden alrededor de ocho días en situaciones de normalidad, pero se pueden acelerar cuando se trate de una urgencia, como se hizo con las de Ferrol.

Según el gerente de Emafesa, se logró gracias a que el aparato logístico de ambos laboratorios estuvo en situación de emergencia, trabajando de forma continua y en exclusiva para Ferrol.

Alejandro Pisa dijo tener conocimiento de que en Galicia hay algún otro laboratorio que realiza este tipo de pruebas, pero matizó que él no había intervenido en la selección de los que realizan las analíticas de la empresa, cuestión que compete a los biólogos y técnicos de Emafesa, que son los que saben de la materia.

También en Lugo

Igual que Ferrol, Lugo envía también sus aguas a analizar a Valladolid, al laboratorio Socamex, del grupo Urbaser. Los responsables del servicio indican, no obstante, que la ubicación del laboratorio no condiciona el tiempo de realización de las pruebas, sino que son otros factores, como los parámetros que deban medirse o la técnica que se emplee para ello, los que inciden sobre el tiempo que tardan los resultados de los análisis. Mientras que las muestras sí tienen que recorrer físicamente la distancia hasta el laboratorio, los resultados se comunican de forma inmediata.

El agua de cinco ciudades se testa en laboratorios de Santiago, Vigo y A Coruña

Más allá de Lugo y Ferrol, los análisis del agua que se consume en las otras cinco ciudades gallegas se realizan en la propia comunidad. Pontevedra tiene el servicio de agua adjudicado a la empresa Viaqua, en la que el Concello no tiene ninguna participación. Fuentes de la firma indicaron ayer que se realiza un análisis interno de control cada semana y que los análisis más complejos y que miden más parámetros se realizan en la sede del laboratorio Labaqua en Santiago, que pertenece al mismo grupo empresarial, vinculados tanto en este caso como en el de Viaqua, al Grupo de Aguas de Barcelona. Se realizan -explica la concesionaria- las analíticas que determina la legislación y su frecuencia depende de varios factores, entre ellos la cantidad de metros cúbicos suministrados.

En el mismo caso que Pontevedra están Santiago y Ourense, donde el servicio de abastecimiento está también en manos de Viaqua. En ambos casos los análisis se realizan en el laboratorio Labaqua en Compostela.

En A Coruña, la empresa municipal de aguas, Emalcsa, suministra agua potable a los vecinos de la ciudad y a los de su área metropolitana (Arteixo, Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Bergondo y Carral), 391.669 personas en total. La empresa cuenta con un laboratorio propio que hace controles de la calidad del agua de manera continuada. Entre otras cosas, hace seguimiento de los trihalometanos.

En el caso de Vigo, el servicio de aguas está en manos de la empresa Aqualia. Los análisis periódicos de calidad del agua los realiza la propia Aqualia en la estación de tratamiento de O Casal, en la ciudad olívica.

 

Con información de Miguel Cabana, Cristina Barral, Xosé Gago, Ignacio Carballo, Ruth Novoa y Ángel Paniagua.

Pinche aquí para  ver la información en la web de La Voz de Galicia

El Comité Europeo de Medio Ambiente del Parlamento apoya formalmente el Derecho Humano al Agua

25 de junio de 2015. - El Comité de Medio Ambiente y Salud Pública, junto con el de Desarrollo aprobó por mayoría absoluta  enviar un fuerte mensaje a la Comisión Europeapara que actúe sobre el derecho humano al agua.
 
El informe de la eurodiputada irlandesa Lynn Boylan  fue votado y será discutido y votado en la sesión plenaria. El informe exige la Comisión Europea  que actúe en virtud de la primera  Iniciativa Ciudadana Eueopea sobre la implementación del derecho humano al agua en la legislación de la UE, según lo definido por las Naciones Unidas en el año 2010.
 
También llama a no forzar la privatización del agua a través de medidas de austeridad y a promover más asociaciones Público- público (PUP). También refuerza la exclusión de agua y saneamiento de las normas del mercado interior (como se indica la Comunicación de la CE) y de cualquier acuerdo comercial.
 
 

Alejandro Pisa: «La etiqueta 'urgente' del análisis se borró o traspapeló»

El gerente de Emafesa dice que un problema de catalogación provocó un retraso de siete días en el análisis que dio pie a las restricciones

FUENTE: . ferrol / la voz, 19 de julio de 2015. Actualizado a las 19:48 h.

 

El gerente de Emafesa, Alejandro Pisa, asegura que los técnicos y el personal de la empresa de gestión del agua de Ferrol han cumplido con todo lo que establecen los protocolos y las normas del buen juicio en situaciones como la que ha obligado a restringir el suministro a la población por los altos niveles de trihalometanos.

-¿Cómo está actualmente la situación?

-Con todos los trabajos que hemos estado haciendo y seguimos, a día de hoy ya tenemos los depósitos de Catabois con agua apta para el consumo y la planta produciendo también agua apta, pero en algunos puntos de la red aún tenemos los valores por encima de cien, si bien los puntos de entrega a Fene y Narón ya dan resultados por debajo de ese nivel. Lo primero que había que conseguir era producir agua apta en la planta y empezar a tener agua en los depósitos acumulada para ir llenando las redes de agua buena. Ahora vamos a trabajar en las zonas conflictivas de la red con purgas y eso mismo recomendamos a los otros concellos, porque hemos notado que la restricción ha supuesto una bajada del consumo y no pasa agua suficiente para que se limpien.

 

-¿Por qué se tardó tanto en tomar decisiones si la primera analítica es del 29 de junio?

-El protocolo establece que hay que hacer muestreos para controlar los trihalometanos. El año pasado hicimos del orden de unos 30 análisis al año y todos dieron bien. El 29 de junio le tocó a un determinado grifo, se envió al laboratorio homologado y acreditado por Sistema Nacional de Salud, está en Castellón y trabajamos con él de continuo, así como con otro de Valladolid. Recibimos los datos el 6 de julio y daba 180. Lo que dice el protocolo es que en menos de 24 horas de recibir el dato se tome otra muestra y se envíe para confirmar y así se hizo. Tuvimos los resultados el 13 de julio. Confirmaban que el dato era válido, daba por encima de cien pero ya menos. Entonces se informó a la Jefatura Territorial de Sanidade. Nos respondieron que necesitaban más datos y medidas a adoptar y lo que le dijimos es que íbamos a intensificar el número de muestras y ver los análisis. El día 14 tomamos más muestras para tener los resultados el día 15 e informamos a Sanidad, que emitió un comunicado el día 16 con la restricción en el uso del agua.

-¿Es normal que los resultados tarden siete días?

-Nunca hemos tenido situación alarmante con trihalometanos. Como siempre los resultados daban bien, seguimos ese programa de análisis continuo. Las urgencias para las muestras se producen cuando hay una situación de alarma, como ahora, que tenemos los resultados en menos de 24 horas.

-¿Y no tendría que haber sido ya el día 6?

-Sí. El día 6 se mandó por urgencia, el día 8 tendríamos que haber tenido los resultados, pero como no llegaban llamamos al laboratorio. Nos preguntaron qué muestra era y a ellos no les aparecía de urgencia, pero ya la catalogaron y trataron por el trámite urgente, pero había un fin de semana por medio, por lo que los resultados no llegaron hasta el día 13.

-¿Se ha confirmado que desde aquí se hubiese tramitado correctamente?

-Pensamos que al llegar al laboratorio la etiqueta especial o se borró o se traspapeló, o incluso que la persona encargada de clasificar las urgencias la cambiase. No lo sabemos. Los técnicos de Emafesa me dijeron que la muestra salió como urgente, pero habrá que comprobarlo. Ahora estamos a lo que estamos. No obstante, hay que aclarar que no estamos hablando de situaciones de un riesgo inminente para la salud, ya que el nivel de cien es muy, muy conservador.

-¿Responsabilidades?

-En la empresa Emafesa, técnicos y responsables han cumplido los protocolos y las normas del buen juicio.

Ver aquí la noticia desde la web de La Voz de Galicia.

AEOPAS PRESENTA UN ESTUDIO SOBRE EL RIESGO DE PRIVATIZACIÓN DE QUINCE OPERADORES PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO A NIVEL ESTATAL

Los datos del informe revelan mayor riesgo de privatización en Canal de Isabel II, AMVISA y Consorcio de Aguas de Bilbao - Vizcaya

 

Sevilla, 15 de mayo de 2015. -La Asociación Española  de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha realizado un estudio sobre el riesgo de privatización de 15 operadores públicos de abastecimiento y saneamiento en el ámbito estatal, obteniendo como resultado un posible mayor riesgo de privatización en Canal de Isabel II (CYII), AMVISA y el Consorcio de Aguas de Bilbao – Vizcaya.

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El estudio, desarrollado durante los meses de abril y mayo de 2015, se ha ejecutado  con el objetivo de dar a conocer las condiciones objetivas que pueden facilitar una privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento según el modelo actual, con el pago a la administración concedente de un canon concesional casi nunca utilizado en infraestructuras hidráulicas.

“Para llevarlo a cabo hemos operacionalizado el concepto riesgo de privatización, a través de tres indicadores, como son ‘Riesgo institucional’, ‘Riesgos económicos’ y ‘Riesgo de transparencia’, todos ellos estudiados y presentados en forma de escala entre cero y cinco puntos”, según ha indicado el secretario general de la asociación, Jaime Morell, que ha señalado que “únicamente hemos hecho uso de información pública y publicada de las entidades, como  declaraciones públicas realizadas por dirigentes de las empresas en medios de comunicación, datos estadísticos del INE, cuentas anuales, presupuestos de las administraciones locales y sitios web corporativos de las entidades analizadas”.

El resultado final se presenta como un ranking del riesgo de privatización en una escala de valores de cero a cinco puntos, en la que cinco es el mayor riesgo de privatización, dando al riesgo institucional un peso del 30  por ciento sobre el valor final de cada operador en el ranking, a la dimensión económica un 40 por ciento y a  la dimensión de transparencia un 30 por ciento.

Resultado del ranking

Como resultado, existen tres empresas en la parte más alta de la clasificación, que obtendrían mayor puntuación de riesgo de privatización, como son Canal de Isabel II, AMVISA y Consorcio de Aguas de Bilbao – Vizcaya, seguidas de lejos por hasta nueve operadoras en un riesgo medio y dos en riesgo bajo, como son Giahsa y Aguas del Huesna.

Morell ha señalado “la falta de un organismo regulador que controle los indicadores de gestión de las empresas de agua y saneamiento, de manera que sea obligatorio que las entidades ofrezcan estos datos de forma recurrente para poder controlar la gestión del agua y cuanto menos comparar la calidad en la prestación del servicio”.  

 

AEOPAS es una asociación sin ánimo de lucro formada por operadores públicos de abastecimiento  y saneamiento y por grupos de la sociedad civil, tales como consumidores, sindicatos y oenegés. Su objetivo es defender, promocionar y  avanzar hacia un modelo de gestión pública del agua.

 

 

 

   Descargar estudio aquí.

 

 

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