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«En España se privatiza el agua no por eficiencia, sino porque es un negocio»

El máximo responsable de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento critica la entrega del servicio a manos privadas y aboga por quitar el canon concesional

 

Jaime Morell, presidente de la Asociación Española de Operador Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. / El Correo

 
 
 RICARDO GAMAZA / ESPAÑA / 09 SEP 2017 / El Correo de Andalucía
 
 
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos; lo cierto es que desde que empezase la crisis económica los ayuntamientos españoles han seguido la senda contraria, tendiendo a la privatización de un servicio municipal. La principal oposición a esta mercantilización del agua la ha llevado a cabo la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Jaime Morell es su presidente.
 

—Uno de los objetivos de los operadores debe ser ofrecer agua de calidad al mejor precio posible. ¿Es posible desde lo público?

—Lo público es condición sine qua non para que esto se produzca. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y porque los municipios, generalmente mal financiados, pueden utilizar el dinero que les ofrecen por privatizar la gestión del servicio durante 25 años para «enjuagar las cuentas municipales». Nos tiene que quedar claro que en España, a diferencia de la mayoría de países europeos, la ley no obliga a los municipios a destinar ese dinero en el agua y suele acabar en actividades que no tienen que ver con el ciclo urbano del agua. Este sistema favorece la privatización de sistemas públicos que funcionaban muy bien, como los casos de Huelva o Jerez de la Frontera, ya que por ellos las grandes multinacionales están dispuestas a pagar mucho dinero.

—¿Para las ciudades privatizar el servicio del agua qué implica?

—La entrega de los servicios de agua a las manos privadas provoca situaciones económicamente muy insostenibles: el sistema no estimula el empresariado local o regional ya que se compra así mismo la mayoría de los servicios y, elimina además, las ventajas de la competitividad que ofrece el mercado con lo que acabas pagando infraestructuras y/o servicios a un precio más caro que el marcado por el mercado. Todo este proceso se ha realizado sin un regulador y con escasa información.

—Aeopas cree que una clave para evitar esta situación de «venta» del agua a las privadas es acabar con el llamado canon concesional, el dinero que el Ayuntamiento recibe por ceder el servicio a la empresa privada.

—Sí. Es urgente avanzar en la regulación y eliminar el canon concesional. El canon es el elemento fundamental que, entre otras cosas, ha facilitado que los Ayuntamientos recurran a la privatización y ha incentivado la ‘des-inversión’. En un país como el nuestro donde los episodios de sequía son recurrentes, la eliminación de pérdidas en red, por ejemplo, debe ser una prioridad y resulta que en los últimos años coincidiendo con el proceso más intensivo de privatización, hemos aumentado las pérdidas en las redes.

—En Andalucía, ¿cómo es el mapa de la gestión del agua, en términos de privatización?

—Andalucía cuenta con 778 municipios repartidos en 8 provincias; la gestión del agua a lo largo del territorio es muy diversa. Existen fórmulas de gestión muy diferentes: algunos municipios optan por delegar la gestión del servicio a una empresa privada, o forman una sociedad de economía mixta con un socio privado, otros gestionan el servicio desde la opción pública, bien mediante empresas públicas o desde los propios servicios municipales. Tampoco faltan los casos en que la gestión se realiza de forma mancomunada entre varios municipios, ya sea de forma pública, privada o mixta.

En 2016 el 74,84 por ciento de los municipios andaluces gestionan el servicio urbano de agua a través de la opción pública. El restante 25,16 por ciento gestionan el servicio mediante la opción privada; bien mediante empresa privada (13,49 por ciento) o empresa mixta (11,67 por ciento). La empresas con mayor presencia en la parte privada de la industria en el territorio andaluz son: Aqualia (57 por ciento), AGBAR (26,36 por ciento) y Acciona (2,55 por ciento). Por otra parte, el 40,9 por ciento de los municipios realizan la gestión de forma mancomunada o consorciada.

—Según esas cifras podrían hacer pensar que en Andalucía la privatización del agua no es mayoritaria. Pero no es así...

—En efecto. No es así. Si se analiza la población abastecida por cada uno de los sistemas de gestión, se observa cómo los porcentajes de los sistemas varían considerablemente. De este modo, la opción privada gestiona el servicio urbano de agua al 44,57 por ciento de la población andaluza. Por tanto, se puede observar que los sistemas de gestión privados y mixtos tienen una mayor implantación en los municipios más poblados, pues son en ellos donde estas entidades mercantiles disponen de más margen para obtener mayores rendimientos económicos.

—¿En términos diacrónicos podemos decir que en Andalucía la privatización avanza?

—En 2010 el 73 por ciento de los municipios andaluces gestionaban los servicios urbanos de agua por entidades de titularidad pública, es decir, o bien los desarrollaba el propio ayuntamiento de la localidad directamente, o bien se realizaba a través de sociedades públicas; en 2016 ese porcentaje está cercano al 75 por ciento. Por tanto, en los últimos años, la importancia de la gestión privada y mixta se ha reducido ligeramente en la región; si bien, la reducción es más evidente en el caso de la gestión mixta. Es decir, pese a la crisis pese a escasa financiación de nuestro ayuntamiento... pese a todo esto, podemos decir que la privatización no avanza. Es más podemos decir que la crisis económica y la mala financiación de nuestros entes locales está suponiendo un freno a la desprivatización de la gestión de nuestros servicios.

—¿Cómo es la situación en la provincia de Sevilla?

—El 91,43 por ciento de los municipios de la provincia de Sevilla gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 7,62 por ciento de gestión privada y un 0,95 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 92,35 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada ha pasado de 17 a 8; el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha reducido de 14 a 1.

Es decir en Sevilla, gracias al papel activo de la Diputación Provincial, se ha creado un modelo público , garantista y solidario. Creo que existe gracias a esta apuesta una fuerte convergencia del mundo rural y el mundo urbano y una apuesta decidida por el desarrollo local.

—¿Qué ventajas tiene, según usted, el modelo público?

—El ejemplo de la gestión del ciclo urbano del agua de ciudades como París, Viena, Córdoba, Cádiz o Sevilla, demuestran que existen mecanismos desde lo público que son capaces de suministrar un servicio de calidad con mayor eficiencia que las empresas privadas. También permite verificar que este buen servicio es compatible con tarifas razonables y buenas condiciones laborales de los trabajadores de la empresa. Este modelo ha demostrado su operatividad a lo largo de toda la etapa de ayuntamientos democráticos incorporando, junto a un enfoque de sostenibilidad técnico-económica del sistema, criterios de carácter social y medioambiental. Es un modelo que puede apostar por políticas de largo plazo ya que no depende de una cuenta de resultados ni de la visión cortoplacista de una junta de accionistas. Finalmente, conviene resaltar que el modelo público tiene un gran potencial que hay que desarrollar. Dentro de lo público hay que potenciar algunos elementos favorecedores de este modelo como el desarrollo de nuevos instrumentos de información y participación. Tenemos que construir entre todas las personas que habitamos en nuestras ciudades un nuevo modelo público, un modelo donde se impulsen nuevas políticas de agua basadas en criterios técnicos, sociales y ambientales. Por último, debemos resaltar las características ejemplares de este nuevo modelo de gestión público aplicado ya en ciudades como París o Córdoba deben de ser de utilidad en otras ciudades. La discusión y difusión de las buenas prácticas de gestión en el ámbito de los servicios públicos del agua debe constituir un objetivo prioritario si queremos fortalecer lo público. Para ello, sería necesario establecer una red en la que se desarrollaran mecanismos de partenariado público-público que favorecieran el intercambio tanto de conocimientos, estándares de gestión, mecanismos de transparencia y participación.

—Aeopas, frente a la patronal, siempre ha defendido que el agua es un derecho humano...

—El acceso a los derechos humanos ha de garantizarse por los poderes públicos en forma de derechos de ciudadanía, superando visiones de carácter asistencial. Es por ello, que en el marco de nuestras posibilidades y competencias, creemos que la garantía de acceso al derecho humano al agua en nuestro municipio debe de establecerse a través de un suministro mínimo vital de agua independiente de cualquier condicionante de tipo económico. Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el derecho al agua abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud, y para satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar, y ello requiere entre 80 a 100 litros por persona y día. Mediante la dotación de un suministro mínimo vital se asegura, por tanto, la condición básica para la ejecución del derecho ciudadano al agua, primando a la vez la justicia social y el ahorro de un recurso escaso.

—Y ya hay ejemplos de ello en Andalucía...

—Así es. La experiencia ya se está aplicando en ciudades de Andalucía donde existe gestión pública como Córdoba, Sevilla y más recientemente se aplicarán en la ciudad de Cádiz. Estos sistemas públicos están desarrollando una política tarifaria y recaudadora viable económicamente y consustancial a la responsabilidad social en gestión de servicio público de una sociedad 100% pública. En la actualidad la Junta de Andalucía está debatiendo el Reglamento de Suministro de Agua y ahí creemos que debe de recogerse «mínimo vital» como derecho para todas las personas que viven en Andalucía.

—Desde Aeopas también estáis impulsando políticas de responsabilidad ambiental... Las ciudades de Córdoba y Cádiz han impulsado el consumo del agua de grifo a través de la exitosa campaña de progrifo.

—Los habitantes de Córdoba y Cádiz disponen de un agua de gran calidad, totalmente equilibrada, más barata que el agua embotellada y es más ecológica, ya que no genera residuos plásticos. Las botellas de agua de plástico representan un volumen de residuos muy importante y únicamente la tasa de reciclado de envases de plástico en general en España es del 66,5 por ciento. El agua del grifo, por el contrario, es ecológica, ya que no necesita envase y, por tanto, no genera ningún tipo de residuo plástico susceptible de separación selectiva. Por otra parte, el agua del grifo llega al domicilio y no precisa ser transportada hasta la vivienda. Por tanto es una forma de poner freno a las energías fósiles y de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

—En Aeopas recomiendan beber agua de grifo...

—Claro. Es lógico que recomendemos su consumo, más aún cuando en ciudades como Córdoba o Cádiz disponemos de un agua del grifo económica, ecológica, sana y equilibrada.

—Progrifo es una campaña que pese a tener poco presupuesto ha llegado a ser tendencia en las redes sociales.

—Progrifo tiene una orientación modesta pero holística. Como sabemos, las actuales tendencias globales indican que en los próximos años viviremos una explosión de lo urbano; el mundo es y será claramente urbano y, necesariamente, deberá ser también ambientalmente sostenible.

—Ahora que está de moda hablar de ciudades inteligentes... ¿es inteligente beber agua del grifo?

—Desde los operadores públicos tendremos grandes retos a los que deberemos responder y ello no será posible sólo a través de la tecnología, sino que deberemos incorporar cambios de hábitos y nuevos valores y nuevos conocimientos para gestionar el agua en nuestras las ciudades. El futuro va mucho más allá de las ciudades inteligentes, requerirá de ciudadanos inteligentes y solidarios; ahí, tienen un papel clave los planteamientos formativos. Desarrollo sostenible es desarrollo inteligente y este sólo es posible con ciudadanos formados por eso también llevamos las buenas prácticas a las aulas. El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 50 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento económico y debemos enfrentarnos a la pregunta de qué modelo de ciudad queremos y en la solución el modelo de gestión público del agua tiene mucho que aportar.

—¿Cuándo veremos una Sevilla ‘Progrifo’?

—Emasesa es una gran empresa pública que en los últimos tiempos ha implementado medidas recogidas en esta entrevista y en otras que no hemos tenido tiempo de hablar pero que también son importantes. Es una empresa pública que se ha comprometido con las poblaciones en riesgo de exclusión y que está aplicando con éxito el mínimo vital... Por tanto no nos cabe la menor duda que más temprano que tarde será progrifo.

Un grupo de trabajo constituido por administraciones locales, operadores públicos, movimientos sociales definen las bases para impulsar la gestión pública del agua

La Red Agua Pública, la Platafarorma 'Aigua es Vida' y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) presentaron el pasado 21 de marzo un documento con las bases para una nueva gestión del ciclo integral urbano del agua en el que un nutrido grupo de expertos han trabajado en los últimos meses.

En una rueda de prensa celebrada en Barcelona donde se celebraba  la 'Jornada Agua, bien común. Retos y futuro,' organizada por la propia plataforma y el Ayuntamiento de Barcelona, integrantes de estas entidades han presentado la propuesta de bases para la gestión del ciclo urbano del agua que ha elaborado un grupo de trabajo constituido ad hoc e integrado por representantes de administraciones locales, operadores públicos y movimientos sociales.

Esta propuesta de bases pretende potenciar el movimiento remunicipalizador de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento, al tiempo que aporta unas guías claramente definidas para avanzar en la regulación del sector, sobre postulados de participación efectiva, transparencia,acceso a la información, rendición de cuentas, planificación coordinada entre organismos, con un horizonte temporal suficiente y prohibiendo los cánones concesionales, entre otras cuestiones.

Al mismo tiempo, el documento presentado pretende reforzar este impulso político remunicipalizador en las instituciones titulares de los servicios,  poner en valor y desarrollar los mecanismos existentes en la legislación, así como detectar nuevas necesidades de regulación que puedan existir y poner en evidencia las dificultades compartidas que van surgiendo en los procesos de remunicipalización. En última instancia, se busca avanzaeopas BCN1ar en la definición y caracterización de un nuevo modelo de gestión público, transparente y participativo.

El documento, en sintonía con el derecho humano al agua y el saneamiento, entiende los servicios de agua como un derecho de provisión, que debe estar garantizado por las administraciones públicas.

Además, el trabajo de este equipo subraya la importancia de crear marcos legislativos que favorezcan la cooperación público-público muy especialmente en el ámbito municipal y solicita la derogación inmediata de los artículos que imposibilitan la creación de redes supramunicipales de gestión de servicios.

 

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La Diputación de Sevilla expone en Badajoz su modelo de gestión del agua como mejor garante del derecho humano

jornadas badajoz

La Diputación Provincial de Sevilla expuso el pasado jueves, 16 de marzo, en Badajoz las líneas estratégicas que sigue para prestar a la ciudadanía todos los servicios incluidos en el ciclo integral urbano del agua. En unas jornadas organizadas por el Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz con la colaboración de AEOPAS en la que se debatió sobre ‘El papel de las diputaciones provinciales en la gestión del ciclo integral del agua’,  la Diputación de Sevilla destacó el  trabajo de la Corporación Provincial como entidad vertebradora del territorio de su competencia y garante del derecho humano al agua para la ciudadanía.

En una jornada que contó con la asistencia de la diputada de Servicios Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota, se analizó como caso de éxito el modelo de gestión de Aguas del Huesna, un sistema gestado por la Diputación sevillana y la Junta de Andalucía en los años noventa para resolver los graves problemas de abastecimiento que padecían los habitantes de 17 municipios y cuyos ayuntamientos se integraron en un Consorcio. En la actualidad, abastece a unas 250 mil personas de una  franja de municipios que atraviesa de norte a sur la provincia  de Sevilla, suministrando unos 12 hectómetros cúbicos anuales de agua de gran calidad procedente del embalse del Huesna.

En torno a estas jornadas, Argota ha defendido “la gran apuesta por lo público en la gestión del agua por la que trabajamos de manera histórica desde esta Diputación, alumbrando sistemas públicos de gestión desconcentrados que operan día a día para ofrecer de forma homogénea los servicios de abastecimiento y saneamiento con independencia del lugar de residencia en nuestra provincia.”

De otro lado, la diputada ha subrayado la indispensable labor de las diputaciones como “garantes de la prestación de estos servicios esenciales, considerados Derecho Humano por la ONU, en poblaciones o núcleos de pequeño tamaño o aislados a los que la iniciativa privada no llega por no ser rentables.”

Frente a esto, desde la Diputación de Sevilla “hemos auspiciado modelos como Aguas del Huesna que resuelven las posibles brechas hídricas entre poblaciones, haciendo posible que vecinos de un pueblo del área metropolitana de Sevilla reciba un servicio idéntico al de otro de La Vega o Sierra Norte incluidos en el sistema”. Es decir, se logra ser eficaz en la resolución de un problema como el de la escasez de aguas, a través de entidades de gestión de titularidad pública que operan de forma eficiente. 

Además, Argota ha señalado las acciones que se están llevando a cabo en la provincia de Sevilla para integrar en sistemas supramunicipales a los municipios que aún  no están integrados en ningún sistema mancomunado.

Alrededor de 60 representantes de una veintena de diputaciones de toda España han participado en este encuentro, organizado por el Consorcio Promedia con la colaboración de las diputaciones de Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Son varias las diputaciones que trabajan ya de una u otra manera en este sector en las últimas décadas, de manera que este foro ha buscado  crear un punto de encuentro para establecer sinergias y redes de trabajo con el fin de reforzar la figura de la diputación como administración idónea para dar cobertura a los municipios con menores recursos técnicos y económicos.

La realidad del agua privatizada

Fuente: Diario de Sevilla. Publicado: 22 marzo de 2017.

Aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado sus servicios de abastecimiento apenas supera el 13%, se trata de casi la mitad de la población andaluzaLa realidad del agua privatizada El abastecimiento de agua potable ha ganado centralidad en el debate ciudadano en todo el mundo desde que la ONU reconoció en 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano. En la UE, organizaciones cívicas y sindicales promovieron la primera Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para reclamar a las instituciones europeas la regulación efectiva del derecho humano al agua, actualmente en el Parlamento Europeo.

Uno de los motivos de preocupación es la tendencia a la privatización de la gestión del agua. Desde los años ochenta, se ha producido un proceso silencioso de apropiación privada de la gestión del agua, con consecuencias negativas en numerosos lugares, lo cual ha provocado movimientos de retorno hacia la gestión pública en ciudades como París o Berlín. Andalucía no ha estado al margen de esta problemática. De hecho, la privatización ha generado conflictos en Puente Genil, El Puerto de Santamaría, Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Roquetas o Priego.

La fórmula de privatización de la gestión más utilizada en Andalucía es la concesión a una empresa privada. El agua es de titularidad pública y la gestión del servicio competencia de las entidades locales, pero la gestión se adjudica en concesión a una empresa privada. En todos los casos, la empresa privada paga a la entidad local una importante suma de dinero a cambio de la concesión, denominado canon concesional que, en vez de dedicarse a mejorar las infraestructuras, se destina a aliviar las finanzas municipales y es repercutido en tarifa a los usuarios, junto a los intereses correspondientes, sin transparencia. Lógicamente, para poder dar plazo suficiente a la devolución de esas cantidades, los contratos de concesión se hacen por periodos largos, 25 o más años. En esta situación, de facto, se pierde el control de la gestión por parte del municipio.

Tras analizar los servicios de agua de Andalucía, García-Rubio y González Gómez, de la Universidad de Granada, han confirmado que, aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado sus servicio de abastecimiento apenas supera el 13%, se trata de la casi la mitad de la población andaluza. Los datos referidos a 2016 son reveladores: el 74,84% de los municipios andaluces mantienen una gestión pública del agua, frente al 13,49% que han privatizado y otro 11,67% mantienen una gestión mixta que, a efectos prácticos, es igual a la privada. Sin embargo, el 44,57% de la gestión del agua de la población andaluza está en manos privadas. La foto del municipio privatizado se define por tres aspectos:

-Municipios endeudados. La privatización se plantea como la solución más rápida para sanear las deudas. Después, la empresa tendrá que recuperar lo invertido, lo cual se hará vía recibo del agua, sin transparencia, con lo cual quien sanea esa deuda es la propia población que, además, quedará encadenada en su gestión y atada por la deuda a los designios de una empresa que se rige por criterios de eficiencia económica (que no sociales, o ambientales).

-Municipios con una población superior a los 50.000 habitantes. Se garantizan una clientela numerosa para que les resulte rentable dar el servicio y asegurar la recuperación de la cantidad abonada como préstamo.

-Renta por habitante alta. Así, la segura subida de los recibos cuando se privatice cuenta con la garantía de que podrá ser soportada por las familias, pudiendo tener severas implicaciones de accesibilidad al recurso por parte de ciudadanos vulnerables.

Además, según el estudio, las privatizaciones se concentran en municipios costeros y en los de gran población. También desmonta el argumentario de las empresas privadas y concluye que la privatización de la gestión de los servicios urbanos de agua no es la solución a los múltiples desafíos y problemas que enfrenta el sector en Andalucía: falta de recursos en municipios pequeños, obsolescencia de un volumen importante de redes, déficit de inversiones, cooperación insuficiente entre municipios, estructura administrativa compleja e ineficiente, ausencia de reglas y directrices para la gestión técnica del servicio, laxitud en los controles de calidad del agua, ausencia de transparencia y bajos niveles de participación ciudadana.

En resumen, sólo se privatiza con el único objetivo de financiar a los ayuntamientos, por lo que es absolutamente necesario avanzar en una regulación normativa del sector a niveles estatal y andaluz.

AEOPAS participará el 21 de marzo en Barcelona en Jornada “Agua, bien común: retos y futuro”

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El gerente de la asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano, abordará en una mesa redonda la situación del agua pública, al tiempo que el secretario general, Jaime Morell, intervendrá en la Presentación de las Bases para la gestión del ciclo urbano del agua.

Y es que una de las propuestas centrales de la agenda barcelonesa del Día Mundial del Agua es la jornada “Agua, bien común: retos y futuro”, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma Aigua és Vida, que tiene lugar el 21 de marzo de 2017 en el Recinto Modernista de Sant Pau.

Esta cita, abierta a todo el mundo y gratuita, aspira a convertirse en un foro donde se intercambien ideas sobre cómo gestionar el agua en el siglo XXI. Entre los invitados a la jornada, que se articula a través de ponencias y mesas redondas, figuran la prestigiosa activista y pensadora francesa de origen norteamericano Susan George o la eurodiputada irlandesa Lynn Boylan.

Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, y Míriam Planas, portavoz de Aigua és Vida, darán el pistoletazo de salida a la jornada, que se alargará hasta las ocho de la noche.

A lo largo del día, la jornada “Agua, bien común: retos y futuro” reunirá mesas redondas en torno a diferentes ejes de reflexión sobre el agua: el rol de la ciudadanía, la transparencia y la rendición de cuentas, la necesidad de una regulación que incorpore todas las perspectivas, su papel como derecho humano o el régimen económico sobre el que debe pivotar.

La jornada culminará con una mesa redonda sobre municipalización de la gestión del agua, una tendencia al alza en Europa en los últimos años y que ha tomado impulso en Cataluña, con numerosas experiencias de éxito.

Para hablar de los retos que afrontan las ciudades que se han posicionado recientemente a favor de la gestión pública del agua, intervendrán en esta mesa final Eloi Badia, concejal de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona; Célia Blauel, teniente de alcaldía de París; Luigi de Magistris, alcalde de Nápoles; María Sánchez, teniente de alcaldía de Valladolid; y Jordi Ballart, alcalde de Terrassa.

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